395. Los veterinarios ESTAMOS EN PIE DE GUERRA para ayudarte a ti Y A TU GATO

Por qué protestaron los veterinarios en España por la normativa de medicamentos

En 2025, numerosos veterinarios españoles se movilizaron contra aspectos de la regulación de los medicamentos veterinarios. El debate llegó a las familias porque las recetas, la disponibilidad de determinados fármacos y la forma de dispensarlos afectan directamente al tratamiento de perros y gatos.

El conflicto no se resumía en estar a favor o en contra de controlar los antibióticos. Los veterinarios comparten la necesidad de utilizarlos con prudencia para frenar las resistencias, un problema que afecta a animales, personas y medio ambiente. Las protestas reclamaban que ese objetivo pudiera cumplirse sin añadir trabas desproporcionadas a la práctica clínica ni dificultar el acceso del paciente a su medicación.

Qué cambió con el Real Decreto 666/2023

El Real Decreto 666/2023 regula en España la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Parte de sus obligaciones para animales de compañía comenzó a tener un impacto especialmente visible con la comunicación de prescripciones de antibióticos a PRESVET.

PRESVET es el sistema en el que los profesionales notifican esas prescripciones. Su finalidad es obtener información sobre el consumo de antimicrobianos y favorecer un uso responsable. Para las clínicas, su implantación también supuso adaptar programas, procesos y tiempos de trabajo. Los fallos técnicos y la carga administrativa estuvieron entre las críticas del colectivo.

Durante 2025 se comunicaron más de dos millones de prescripciones de antibióticos para animales de compañía y la mayoría de los profesionales utilizó conexiones automáticas entre sus programas y el sistema. Esto muestra que la herramienta continuó funcionando mientras se negociaban cambios.

Los antibióticos no se eligen libremente

Los antimicrobianos se clasifican según el riesgo que su uso representa para la salud pública. Algunos deben reservarse y solo pueden prescribirse cuando existen razones clínicas y se cumplen los requisitos aplicables, que pueden incluir pruebas de sensibilidad o una justificación documentada.

Esta estrategia busca conservar la eficacia de medicamentos esenciales. Sin embargo, los veterinarios señalaron que una norma demasiado rígida podía no reflejar todas las situaciones clínicas, sobre todo cuando el paciente necesita tratamiento rápido o no existe una alternativa autorizada adecuada.

Eso no significa que el veterinario tenga prohibido tratar una urgencia o que deba abandonar a un animal sin terapia. Significa que debe decidir dentro de una jerarquía legal, dejar constancia de la elección y comunicar determinadas recetas. La solución responsable no es eliminar el control, sino conseguir que sea compatible con el criterio clínico y una atención ágil.

Por qué la clínica no siempre entrega el medicamento completo

En España, la dispensación de medicamentos veterinarios corresponde como regla general a establecimientos autorizados, como las oficinas de farmacia. El veterinario puede disponer de fármacos para administrarlos durante la atención y existen supuestos regulados para asegurar la continuidad del tratamiento, pero la clínica veterinaria no funciona como una farmacia de venta ordinaria.

Esto puede producir situaciones frustrantes: formatos mayores de lo necesario, productos que una farmacia no tiene disponibles o retrasos para iniciar un tratamiento. La normativa fue modificada en 2025 para introducir ajustes, entre ellos la cesión sin ánimo de lucro por parte del veterinario cuando existe una dificultad específica de acceso y se cumplen las condiciones legales.

Por tanto, la regulación vigente ya no es exactamente la misma que motivó las movilizaciones de abril de 2025. El Real Decreto 666/2023 recibió modificaciones durante ese año y debe consultarse siempre en su versión consolidada.

El IVA veterinario también formó parte de las protestas

La asistencia veterinaria para animales de compañía soporta el tipo general de IVA. El sector ha reclamado en repetidas ocasiones una reducción porque considera que la sanidad animal tiene efectos sobre el bienestar, la salud pública y el abandono.

El precio final de una consulta, sin embargo, no depende solo del impuesto. Incluye personal cualificado, instalaciones, equipos, pruebas, medicamentos, guardias y formación continua. La presión normativa y administrativa puede consumir tiempo clínico, pero no convierte los controles en inútiles: obliga a buscar un equilibrio mejor diseñado.

Qué puede hacer la familia de un gato

La normativa puede resultar compleja, pero hay varias medidas que protegen al paciente:

• No utilizar antibióticos sobrantes ni medicamentos de otro animal.
• Respetar dosis, horarios y duración del tratamiento prescrito.
• Preguntar dónde conseguir el fármaco y qué hacer si no está disponible.
• Avisar a la clínica ante efectos adversos o dificultades para administrarlo.
• No exigir un antibiótico cuando el veterinario considera que no está indicado.
• Guardar los informes y resultados de cultivos o antibiogramas.

Un antibiótico inadecuado puede no curar la infección, causar efectos adversos y favorecer resistencias. A la vez, una burocracia mal ajustada puede retrasar decisiones necesarias. La reivindicación veterinaria trató precisamente de hacer compatibles la salud pública, la autonomía clínica y el acceso de cada animal al tratamiento que necesita.

En el episodio 395 de La Píldora Felina hablamos de las protestas de los veterinarios en España por la regulación de los medicamentos, PRESVET, el uso de antibióticos, la dispensación y el IVA veterinario.